Millones de dólares en efectivo, drogas y una empresa sin rubro: el patrimonio inexplicable del exjefe de ARSAT preso por corrupción

Dentro del departamento hallaron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. También encontraron 803.754 dólares en efectivo, 2.486.200 pesos argentinos y billetes de seis países: Uruguay, Brasil, México, Colombia, la Unión Europea y Tanzania.

El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro dispuso la detención inmediata de Leal, de 51 años, en calidad de incomunicado. Esa misma noche se libró una segunda orden para el departamento que Leal ocupaba en Mendoza, sobre la avenida Boulogne Sur Mer.

Allí, donde el exfuncionario convivía con su pareja —que no estaba presente al momento del procedimiento—, la Delegación Unidad Operativa Federal encontró otros 1.787.600 dólares en efectivo, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones. En total, entre los dos domicilios, se secuestraron 2.591.354 dólares en billetes, sin declarar y sin explicación oficial hasta el momento de publicación de esta nota.

Consultado por los efectivos, Leal se identificó como un simple empresario agropecuario. La investigación que terminó con Leal detenido no nació de una denuncia por corrupción, sino de un robo. A principios de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que un depósito en San Fernando, donde se resguardaba equipamiento de la Red Federal de Fibra Óptica, había sido saqueado.

El predio era operado por una firma de logística contratada por la empresa estatal en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según las constancias de la causa, las cámaras no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.

ARSAT no es una empresa marginal del Estado: es el proveedor mayorista de fibra óptica y de conexiones satelitales del país, y el operador de la infraestructura sobre la que corre buena parte de las comunicaciones digitales de la Argentina. Tiene desplegados casi 40.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo del territorio nacional, una red construida principalmente durante los gobiernos kirchneristas.

Lo robado en ese depósito de San Fernando formaba parte de los insumos para mantener y ampliar esa infraestructura estratégica para las comunicaciones y el funcionamiento de la economía. La causa quedó en manos del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y del fiscal Fernando Domínguez.